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Día Internacional Contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas

 

Hugo Eduardo Ávila – Comisario. Policía de Mendoza –

Jefe de Inteligencia Criminal –

Delegado Interpol Mendoza –

Ministerio de Seguridad – Gobierno de Mendoza

hugoavila1@gmail.com

23 de setiembre

Día Internacional Contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas

 

En enero de 1999, durante la Conferencia Mundial contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas que tuvo lugar en Dhaka, capital de Bangladesh y del Distrito de Daca, India, se convino establecer el 23 de Setiembre de cada año como el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas. La fecha se convino en virtud de la sanción de la Ley Argentina 9143 –primera norma legal en el mundo que sancionaba la prostitución infantil– promulgada el 23 de Setiembre de 1913 bajo la presidencia de Roque Sáenz Peña.

 

El 9 de Abril de 2008 el Congreso Argentino promulgó la Ley 23.674 para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y asistencia a las víctimas. Esta Ley pena la captación, transporte y/o traslado, dentro del país, desde o hacia el exterior, la acogida o la recepción de personas con fines de explotación cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aún cuando existiere el consentimiento de la misma. Una de las modificaciones a esta norma fue aportada en el año 2012 por la Ley 26.842, ampliando sobre su predecesora los tipos o modalidades a considerar a la hora de tipificar esta compleja figura penal.

 

Se establecen entonces las siguientes modalidades genéricas; 1) Cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad, 2) Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados, 3) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos, 4) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido, 5) Cuando se forzare a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión de hecho y 6) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos. El consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores.

 

La modificatoria amplía también los derechos que el Estado debe garantizar a las víctimas de Trata y da vida al “Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas” del cual forman parte todos los organismos nacionales y provinciales, además de organizaciones no gubernamentales que entienden y atienden en el tema. El mismo marco legal da forma al “Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas” –que tiene a su cargo el diseño de los planes ejecutivos de lucha coordinada contra este flagelo- y finalmente, al “Sistema Sincronizado de Denuncias sobre los Delitos de Trata y Explotación de Personas”.

 

En la actualidad, esta modalidad criminal no puede separarse del tráfico ilegal de migrantes, y al hacerlo se alcanzan cifras alarmantes, ya que se estima que alrededor de 64 millones de personas están sometidas al tráfico ilegal de migrantes y trata de personas en todo el mundo. No existe raza, sexo, creencias ni edad sobre la cual establecer un patrón criminológico de preferencias de las redes que operan en este sentido, sin embargo, en cada víctima está presente un factor determinante, la vulnerabilidad. Esta condición está dada, en cada caso, de acuerdo al contexto y circunstancias de tiempo, modo y lugar. Los factores políticos, económicos, tecnológicos, psicosociales y de seguridad no pueden estar ausentes a la hora de analizar, estudiar y diagnosticar estos fenómenos.

 

La estructura de las organizaciones, que obtienen elevados ingresos por esta práctica, ha mutado con el tiempo y lejos de ajustarse a las antiguas formaciones rígidas y piramidales, hoy prefieren conformaciones pequeñas, ramificadas y conectadas en red. Por ello, la ley argentina, sanciona a las personas involucradas en toda la red o en una parte específica e independiente de la misma, alejando incluso la posibilidad de esgrimir como defensa el desconocimiento, pues, cada persona involucrada recibe a cambio una ganancia pecuniaria.

 

Los pueblos que evidencian marcada tendencia a la naturalización del desorden social y el incumplimiento de las normas sobre las cuales rigen sus Estados, son los de mayor afecto para estas redes. La protección de estas prácticas se camufla, generalmente, tras halos de protección sobre personas de origen extranjero, indocumentados, con trabajos informales y que lejos de ser amparados por el Estado e investigados sobre el modo del tránsito  –que lejos de victimizar permite establecer los patrones utilizados por las redes e identificar a las personas involucradas– permite a estas redes seguir operando con total indiferencia social y financian, incluso, a pequeños grupos colectivos que dicen defender derechos de desamparados o excluidos. Generan así, notables desvíos de la atención psicosocial sobre el gen del problema.

 

Como de finanzas se trata, el Consejo Federal de Lucha contra este flagelo en Argentina motorizó el estudio, redacción y sanción de la Ley 27.508 que crea el Fondo Fiduciario Público denominado “Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata – ley 26.364”. Esta herramienta permite el acceso a los bienes judicialmente decomisados a las personas integrantes de estas redes y la utilización de los mismos en la asistencia y restitución de derechos de las víctimas de Trata. Esta reciente norma, sancionada el 26 de junio de 2019, ya tiene aplicación directa sobre los múltiples casos que se han investigado y demostrado en distintas regiones del país, y su destino a las víctimas ha permitido el suministro de herramientas vitales a los organismos provinciales y municipales que viven en primera persona los efectos terminales de la Trata.

 

La situación en Mendoza.

 

Por su ubicación geopolítica, la provincia de Mendoza resulta un punto de vital importancia en la investigación y persecución de este crimen. Además de integrar el Consejo Federal de Lucha contra la Trata y asistencia a las víctimas, desde hace poco más de un año opera una Mesa Provincial que nuclea a profesionales de los distintos ministerios, organismos nacionales con presencia territorial en la provincia, Ministerio Público Fiscal, Justicia Federal, Prensa, Empresas y, recientemente invitadas, las Universidades públicas y privadas. Sobre la base Federal del Sistema Republicano argentino, se encuentra en tratamiento una Ley que de forma institucional a esta mesa de trabajo para que pueda actuar de manera permanente; el mismo documento invita a los organismos nacionales del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y deja abierta la participación a Empresas, Medios de comunicación, Universidades y organismos no gubernamentales interesados en la situación.

 

En silencio se ha trabajado en la persecución de estas redes con presencia territorial en esta provincia y vinculadas transnacionalmente. La inteligencia criminal aplicada y la conexión con fuerzas de seguridad, -Federales e Internacionales- han permitido los avances en este sentido. Resulta necesario que la concientización del tema, y sus variadas formas de detección, lleguen del mejor modo a la sociedad toda; allí radica la importancia de un trabajo coordinado y sostenido en el tiempo que involucre al sector público y privado.

 

El respeto y el cumplimiento de las leyes que rigen sobre cada territorio resultan de gran importancia para la lucha contra el Tráfico de Migrantes y la Trata de Personas; también la actualización y modernización de estas normas para ajustarlas a las constantes mutaciones de financiamiento que permiten las cuantiosas ganancias detrás de estos modelos criminales. Las criptomonedas, cuyo uso crece a pasos acelerados, representan un desafío a la hora de investigar y perseguir a estas redes. Se estima que una transacción de este tipo puede demorar, entre continentes, unos breves segundos y un máximo de diez minutos; sin contar la factibilidad de multiplicación de destinos que en ese tiempo puede materializarse.

 

Finalmente, -y tal vez representa la mayor amenaza- los integrantes de estas redes carecen de morfologías que los identifiquen. El camuflaje social perfecto lo adquieren porque cohabitan socialmente en sus comunidades. La aceptación social que muchos pueblos muestran al quebrantamiento de normas, según la persona o la circunstancia de la cual se esté tratando, permite acrecentar aceptaciones culturales sobre conductas que benefician a estos crímenes. En la reciente Convención Global que sobre el tema se desarrolló en Buenos Aires, con la participación de profesionales de 96 países de 4 continentes y organizado por InterPol, apareció como emergente la creciente aceptación de venta de personas en el ámbito del deporte amateur o profesional. Las promesas de mejor vida que reciben menores de países empobrecidos llevan a familias enteras a aceptar el alejamiento de uno de sus integrantes, dentro o fuera del país, quedando así sujeto, por el simple factor de vulnerabilidad, a la voluntad de personas que actúan como necesarios interventores.

 

El reto es la concientización, el estudio, diagnóstico y tratamiento a través de la acción coordinada. Los organismos, independientemente de la competencia territorial o específica que les comprenda, no pueden actuar por sí; la coordinación de los Estados no debe radicar en una opción y sus líderes deben garantizar la conexión internacional necesaria para que sus organismos técnicos se capaciten y compartimenten información de manera segura que permita la elaboración de inteligencia criminal apropiada, que pueda ser utilizada en la acción operativa conjunta de las Fuerzas de Seguridad y los organismos de Justicia en todas sus competencias territoriales.

 

Hugo Eduardo Ávila

Comisario. Policía de Mendoza

Jefe de Inteligencia Criminal

Delegado Interpol Mendoza

Ministerio de Seguridad

Gobierno de Mendoza

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